La crisis del coronavirus ha trastocado la forma de convivir y de trabajar. Desde que el pasado sábado se decretase el estado de alarma, las vías públicas permanecen casi vacías. El Gobierno, además, insta al teletrabajo, para reducir los contagios. A pesar de ello, en algunas empresas, sobre todo las más pequeñas, asesorías, consultorías, despachos jurídicos y otros pequeños establecimientos, mantienen el régimen de asistencia.
El decreto de medidas urgentes para hacer frente a la Covid-19, aprobado el martes, obliga prácticamente a las empresas que puedan a enviar a sus empleados a casa para trabajar a distancia. “Con el fin de ejecutar las medidas de contención previstas, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia”, señala el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros.
El decreto contiene numerosas referencias que instan al teletrabajo y regula varios aspectos para obligar a las empresas que puedan hacerlo —las no industriales o agrarias— a aplicarlo.
Las que no lo hacen deberán facilitarlo
El Gobierno recuerda que las empresas “deberán facilitar” las medidas para hacerlo posible. Para agilizar y favorecer estos procesos el Ejecutivo pondrá en marcha un programa de financiación de material (ordenadores, impresoras, teléfonos móviles…) mediante ayudas y créditos a pymes gestionadas a través del programa Acelera Pyme impulsado por la empresa pública Red.es.
La modalidad de trabajo no presencial, a distancia, o teletrabajo ha sido recomendadas por las autoridades sanitarias, entre ella la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su capacidad para reducir la probabilidad de exposición y contagio por el Covid-19. (El Pais)
